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Jueves 10-10-2019

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Mercado Libre: fallo obliga a pagarle a un cliente $40.000 La Justicia porteña determinó que Mercado Libre, el sitio de compra, venta y pagos por internet, deberá abonar una multa de 40.000 pesos más el resarcimiento económico a un usuario que compró un electrodoméstico que nunca recibió, según informaron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los jueces, Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz que voto en disidencia, rechazó el recurso interpuesto por Mercado Libre SRL contra lo dispuesto por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que le impuso una multa de $40.000. El caso responde a un usuario que realizó la compra de una heladera a través de la página de internet, la abonó por el sistema Mercado de Pago, pero nunca le fue entregada ni recibió el reembolso del dinero. Ante el reclamo, la empresa respondió que “el Programa de Protección al Consumidor no se hizo efectivo en la transacción, por cuanto el pago efectuado habría sido por fuera del flujo de pago del sitio web de Mercado Libre”. En su voto, la camarista Fabiana Schafrik indicó que “los términos y condiciones no fueron respetados por la sumariada y aun cuando ello pudo tener como fundamento la alegada distinción entre pagar y enviar dinero a través de Mercado Pago”. En tanto, la jueza Mariana Díaz propuso en su disidencia declarar nula la resolución del GCBA, dado que fue decisión del comprador realizar un envío de dinero al vendedor mediante una operación no asociada a una compra en Mercado Libre.

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Corta vida para DNU que redujo indemnizaciones por riesgos de trabajo: cautelar lo suspende Doble revés desde la Justicia laboral: un magistrado dio luz verde a la suspensión de sus efectos hasta que se defina si es o no constitucional. Otro magistrado, en un caso específico, y a través de un duro fallo, lo consideró "inconstitucional". Apelación a Cámara con destino incierto en Corte y queja de ART.

Por Gabriel Morini

El DNU que dictó el presidente Mauricio Macri para modificar el índice de cálculo para las indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo o invalidez tuvo una duración efímera. Oficialmente, en vigencia a partir de ayer, el decreto fue suspendido en sus alcances por la Justicia laboral que otorgó una medida cautelar, mientras define la cuestión de fondo que es su presunta inconstitucionalidad al haber eludido el trámite en el Congreso y a legislar de manera retroactiva respecto a las demandas contra las ART. A partir de una demanda iniciada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), y con un dictamen en el mismo sentido del fiscal subrogante Gabriel De Vedia, el juez del fuero laboral Fernando Vilarullo dejó en suspenso su validez. No fue el único revés en el mismo día: horas antes, se conoció que el juez Alejandro Aníbal Segura lo declaró directamente “inconstitucional” en el marco de un expediente particular que involucraba como parte demandante al periodista deportivo Miguel “Tití” Fernández. La Unión de 4

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo replicó las decisiones judiciales y volvió a remarcar la “exorbitancia de las tasas de interés” que amenaza al sistema y a los propios trabajadores. Vilarullo concedió la cautelar compartiendo los argumentos de De Vedia y considerando legitimado al CPACF para accionar en representación de los abogados de la matrícula. “Considero que al encontrarse invocada la tutela de los derechos de naturaleza alimentaria” no era necesario para fallar solicitarle informes al Estado. Sin adelantar opinión, el juez hizo propios los argumentos de la fiscalía, que hace dos días había concluido que “las genéricas manifestaciones expresadas en los considerados del decreto carecerían de razonabilidad y justificación para sortear la intervención del Congreso tal como lo exige la Carta Magna”. La cuestión -que representa que el DNU no pueda aplicarse a ningún caso- podrá ser apelada pero corre serios riesgos de ser ratificada en Cámara, lo que dejaría al Gobierno a merced de un eventual pronunciamiento de la Corte, sin tiempos previstos para expedirse y con resoluciones que han ido en sentido contrario de las expectativas de la Casa Rosada. Un paso más adelante fue la resolución de Segura -firmada el lunes- respecto a la demanda que inició “Tití” Fernández contra TyC Sports y Fox Sports por los problemas de salud coronarios y de estrés postraumático que padeció luego del fallecimiento de su hija e la cobertura del Mundial Brasil 2014. Precisamente dentro de esa demanda, el magistrado incluyó un pasaje lapidario: “¿Puede un DNU establecer una norma menos beneficiosa para lxs trabajadorxs? ¿Puede un DNU determinar su aplicación retroactiva? Voy a responder ambos interrogantes en forma negativa animado por el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de derecho civil Parte General, si hubiera tenido la suerte de estudiar”. “El Estado mediante este DNU ha conseguido transferirles las cargas de su fallida política económica a los más necesitados”, señaló Segura, que calificó al decreto de “insólito” y “regresivo”. El Decreto 669/19 quedó así declarado inconstitucional como precedente en un caso individual y suspendidos su alcances a nivel general, a través de la medida cautelar. La UART salió a cruzar los argumentos judiciales y ratificó que el DNU “busca proteger los derechos de los trabajadores” a partir del diagnóstico de que la “astronómica suba de la tasa activa generó indemnizaciones desproporcionadas con relación al salario, desfinanciando un sistema que debe velar por la seguridad y salud ocupacional de 10 millones de trabajadores”. Calificaron de “tasa desaforada y exógena al mercado” la fijada hasta ahora por el Banco Nación y reemplazada por el DNU por la RIPTE. Defendieron su constitucionalidad referenciando un fallo de la Corte Suprema que había cuestionado la aplicación automática de tasas (en uno de los casos en los que envió señales contra la Justicia del Trabajo) y destacando que “debe primar la razonabilidad y un equilibrio entre los intereses del trabajador y el empleador”. También adujeron que el control de legalidad del DNU corresponde a la Comisión Bicameral; que no afecta las “prestaciones” de los trabajadores (y por ende, no afecta la progresividad del sistema); y que los “intereses” no pueden considerarse derecho adquirido por lo que pueden regularse con disposiciones de menor rango normativo a las leyes. “En un momento de tanta volatilidad como el actual, en que es vox 5

populi los valores impensados que han alcanzado algunas variables, la corrección de una de ellas, como sucede en este caso, debería generar tranquilidad y no zozobra”, indicaron a través de un comunicado.

Alerta de Rosenkrantz por Constitución El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, disertó ayer en el Senado, durante un evento sobre la reforma constitucional de 1994, y alertó que “en momentos tan divisivos y confrontativos como los que atraviesa el país”, la “cultura constitucional es de enorme delicadeza y fragilidad, se rompe fácil”, y “la Constitución se puede romper sin necesidad de cambiarla”. La frase del titular de la Corte se da tras ideas ultrakirchneristas deslizadas en los últimos tiempos sobre potenciales modificaciones a la Carta Magna en caso de victoria del presidenciable cristinista, Alberto Fernández, en las elecciones del 27 de octubre próximo. “La supervivencia de una cultura constitucional es costosa y difícil. Debemos trabajar para cuidarla siempre”, destacó el magistrado, y agregó: “La Constitución hace que una comunidad pase del reino del poder al reino de las reglas, por eso es el primer paso hacia el Estado del derecho”. Por otra parte, el magistrado sostuvo que “además, es el modo de consagración de una comunidad política”. Y resaltó: “Sin Constitución sólo somos individuos con proximidad geográfica. La Constitución nos convierte a todos en un sujeto colectivo. El efecto que se logra es el de una identidad común”. Escucharon a Rosenkrantz los exsenadores Ricardo Gómez Diez, Eduardo Menem, Pedro Del Piero y José Antonio Romero Feris y los exdiputados Mabel Müller y Daniel “Chicho” Basile, entre otros.

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Garavano, tras los fallos contra el Gobierno: “La Corte parece opositora” Guido Carelli Lynch

Fue la reacción del ministro de Justicia por dos sentencias consecutivas contra medidas del Ejecutivo. El oficialismo teme un nuevo revés por la rebaja del IVA. Ya no se trata de trascendidos, filtraciones o susurros en los pasillos de la Casa Rosada. Cuando faltan solo 17 días para las elecciones presidenciales, el Gobierno cuestionó como nunca antes a la Corte Suprema. Ayer temprano, el ministro de Justicia Germán Garavano abandonó su diplomacia habitual para declarar: “La Corte es tan independiente que parece opositora”. Por la tarde, consultado por Clarín, insistió: “Entendemos que es una Corte tan independiente que los periodistas y la gente la ven como opositora”. El funcionario no fue el único oficialista que criticó a la Corte. El diputado macrista Pablo Tonelli, integrante de la mesa judicial del Ejecutivo, fue lapidario al calificar el fallo de la Corte por Ganancias que recientemente benefició a las provincias. “Fue una decisión y actitud política decidida a molestar al actual Gobierno y al eventual futuro gobierno que puede ser el mismo u otro", sostuvo. Ambas declaraciones fueron en la antesala de lo que será, según prevén en el Gobierno, un nuevo revés judicial para el Ejecutivo. Hoy, o a más tardar la semana que viene, el Gobierno espera un fallo adverso ante el pedido de audiencia con los gobernadores para resolver el reclamo por la rebaja del IVA a alimentos y Ganancias. El máximo Tribunal había llamado a una instancia similar cuando el Gobierno eliminó el Fondo Sojero, pero la 8

realidad política era otra. “En ese momento no habíamos perdido”, razonó un funcionario con despacho en Balcarce 50. El martes el Gobierno se desayunó con el fallo de la Corte, que declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Justicia que en 2016 había reducido al 25% el monto de las indemnizaciones para los casos de exilio forzoso y los equiparó a las compensaciones para los detenidos en el país durante la última dictadura. Cerca de Garavano prefieren hablar de fallos populistas, una terminología que el ministro se cuida de no usar en público, pero cuyo significado no evita. “A los jueces no pagar impuestos los hace alejarse de la realidad, cada gasto que se genera para el Estado, lo pagamos todos”, insistió el ministro. Puertas adentro del oficialismo insisten en que la Corte busca proteger a los gobernadores y congraciarse con Alberto Fernández antes de su hipotética victoria. Elisa Carrió ya había hecho propios los análisis sobre la mayoría peronista que reina en la Corte, en alusión a Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Este último fue el blanco elegido por una de las principales referentes de la Coalición Cívica. “Qué triste que un jurista prestigioso como Rosatti entregue su trayectoria en jugadas políticas a días de una elección. Me da pena”, sentenció la diputada Paula Oliveto. Paradójicamente, en el oficialismo todos le adjudican a Carrió ser quien sugirió al ex intendente de Santa Fe para ocupar una de las vacantes en la Corte. En el Ejecutivo señalan a Rosatti como el autor intelectual de la salida de Lorenzetti de la presidencia de la Corte, que rompió un delicado equilibrio en el Tribunal. El nuevo presidente, Carlos Rosenkrantz, suele acompañar las posturas del oficialismo, pero en soledad. En el Gobierno nadie disimula que la estrategia más confrontativa -desde lo discursivo- responde a los tiempos electorales. “Es una prueba del valor que 9

para nosotros tiene la independencia de la Justicia y sirve para contrastarla con la visión del Gobierno anterior”, razonan en el Gabinete. El máximo Tribunal acumula más de media docena de fallos que desafiaron la voluntad y hasta la gestión de Macri. Ninguno tuvo más impacto que el del 24 de noviembre de 2015, que obligó al Estado a cancelar la deuda con Santa Fe, Córdoba y San Luis por recursos coparticipables y abrió la puerta a un acuerdo entre el nuevo Gobierno y la mayoría de las provincias. En los despachos más importantes de la Casa Rosada rechazan que el Ejecutivo haya pifiado a la hora de no tener un interlocutor u operador definido con la Justicia. También defienden su decisión de no ampliar la conformación del Tribunal. Respecto al presunto cambio de viento en los tribunales de Comodoro Py, las principales espadas legislativas del Gobierno consideran que las excarcelaciones se atienen a derecho, pero destacan la importancia de que esos procesos lleguen a juicio oral. FALLOS DE LA CORTE ○ 24/11/2015. Declaró inconstitucional la quita del 15% de la masa de impuestos coparticipables por parte de la Nación a las provincias. ○ 18/08/2016. Suspendió el tarifazo de gas para usuarios residenciales. ○ 18/12/2018. Rechazó la aplicación del índice RIPTE, que la ANSeS utilizaba para calcular los haberes iniciales. ○ 12/3/2019. Avaló con recursos al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. ○ 26/3/2019. Declaró la inconstitucionalidad del cobro a jubilados de Ganancias. ○ 01/10/2019. Sentenció que la reducción del IVA y de Ganancias no puede afectar la copartipación de las provincias. ○ 08/10/2019. Declaró inconstitucional la resolución que redujo las indemnizaciones a exiliados. 10

El Gobierno presentó un proyecto para castigar con multas y cárcel a quienes mientan en un juicio “Defendemos una idea de que la verdad tiene que tener premio y la mentira no puede ser parte de un proceso judicial”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, junto a su par de Seguridad y el secretario de esa cartera, Eugenio Burzaco.

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, presentaron este miércoles un proyecto de ley que crea la figura del perjurio y penaliza con multas y posible cumplimiento de prisión efectiva “a toda persona que sea parte de un proceso judicial” y mienta, ya sea “falseando u omitiendo en todo o en parte la verdad”. "Este es un proyecto que seguramente va a dar debate. Nuestra Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La interpretación que se ha hecho y esto es lo que pasa hoy en las indagatorias de 11

nuestro país, es que las personas pueden mentir", manifestó Bullrich durante la presentación en la sede de su cartera. En ese sentido, sostuvo: "Nosotros lo que defendemos es una idea de que la verdad tiene que tener premio y la mentira no puede ser parte de un proceso judicial". "Es una discusión histórica, moral, estratégica. Una discusión de si en la Argentina queremos que todos aquellos que han cometido un delito puedan ampararse falsamente en lo que dice nuestra Constitución y mentirle al Juez, terminando en muchos casos en la impunidad", expresó la funcionaria y dijo que se trata de "un proyecto contra la impunidad, por la verdad y por una moral que representa Juntos por el Cambio". El proyecto establece la tipificación, en el artículo 275 del Código Penal, "de las conductas de abogados, testigos, intérpretes y peritos que aportan antecedentes falsos que obstaculizan el esclarecimiento de un hecho o la determinación de sus responsables, impidiendo con ello llegar a la verdad real, que es el cometido principal de la función judicial". La iniciativa propone penas un mes a cuatro años de prisión y multas de 96 mil pesos a 300 mil que se agravan si el hecho es cometido en una causa criminal en perjuicio del imputado. En esta caso, la pena puede ir de entre los dos y los 10 años, con multas que llegan hasta los 600 mil pesos. Garavano, por su parte, afirmó que "es una iniciativa que va a generar discusiones que van a ser muy valiosas", y destacó que "es importante en términos de valores y va de la mano de los procesos orales porque al tener cara a cara al juez, a la otra parte, es difícil mentir". "Este proyecto impulsa un cambio cultural para resolver los conflictos en serio", sostuvo el ministro.

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De la presentación también estuvieron los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Pablo Noceti, de Gestión Federal de la Seguridad, Enrique Thomas, y el subsecretario de Articulación Judicial, Guillermo Soares Gache, entre otros funcionarios.

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Investigan pedidos de datos sobre viajes de jueces El juez Canicoba Corral inició una causa para saber si son legales solicitudes de información a Migraciones.

Foto de archivo del juez Rodolfo Canicoba Corral ingresando a los Tribunales de Retiro. /PEDRO LÁZARO FERNÁNDEZ/

El juez Rodolfo Canicoba Corral inició una investigación para conocer si diferentes organismos públicos desplegaron acciones de "inteligencia ilegal" sobre jueces, legisladores, miembros de la prensa y dirigentes cercanos al Papa, entre muchos otros actos de relevancia política. Ese listado incluye a todos los miembros de la Corte Suprema, pasando por los integrantes de las salas de la Cámara de Casación Penal, las salas de la Cámara Federal de Apelaciones, magistrados de instrucción de los juzgados que analizan los casos de corrupción, fiscales federales, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, diputados y senadores nacionales, funcionarios del gabinete de la Provincia de Buenos Aires, el jefe y la subjefa de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), los gobernadores de todas las provincia, 14

entre muchos otros posibles "investigados" más. El fiscal del caso es Ramiro González, quien subroga por estos días a su colega Federico Delgado. De acuerdo a documentos de la causa, existirían resultados de requerimientos judiciales expedidos a múltiples entes del Gobierno nacional que tienen acceso a las claves de Migraciones, que permiten conocer las entradas y salidas del país de todas las personas que hayan cruzado fronteras de modo legal. Siempre de acuerdo a la versión del documento al que accedió Clarín, entre quienes fueron consultados, desde varios organismos vinculados a la Seguridad, como también la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), entre muchos otros entes con decenas de funcionarios que pueden acceder a la base de datos de Migraciones. Ante un primer impulso del fiscal, Canicoba Corral determinó que se habían hecho consultas por las entradas y salidas del país de integrantes del Poder Judicial, que van desde magistrados de la Corte Suprema a integrantes de las diferentes Cámaras de Casación, la Cámara Federal y jueces de instrucción de Comodoro Py, y también funcionarios de la AFIP y de otros destacamentos públicos. Ese listado es, copiado en forma textual, el siguiente: "1-Juan Carlos Maqueda, 2- Ana María Figueroa, 3- Martín Irurzun, 4Mariano Llorens, 5-Rodolfo Canicoba Corral, 6-María Eugenia Capuchetti, 7- Sebastián Casanello, 8-Daniel Eduardo Rafecas, 9Luis Osvaldo Rodriguez, 10- María Romilda Servini de Cubría, 11Marcelo Ignacio Aguinsky, 12- Javier López Biscayart, 13- Pablo Yadarola, 14- Claudio Gutierrez de la Cárcova, 15- María Gabriela López Iñiguez, 16- Sabrina Namer, 17- Angel Gabriel Nardiello, 18Sergio Adrián Paduczak, 19- Javier Feliciano Ríos, 20- José Martínez Sobrino y 21- Nicolás Toselli". 15

Los datos migratorios del propio Canicoba Corral habrían sido consultados por personas de las que se desconoce el nombre y por qué actuaron. Según fuentes de la Justicia, Canicoba Corral envió a sorteo su propio caso, y recayó en el juzgado de María Servini. El juez tiene intenciones de seguir investigando si las consultas a Migraciones se trataron o no de un plan organizado desde el Gobierno para conocer los movimientos de migraciones de las personas antes aludidas, y de otras más de las que se esperan respuestas ante requerimientos elevados al Poder Ejecutivo. La documentación del caso que obtuvo Clarín aclara que el tema debe tomarse con "cautela" para determinar si trata de potenciales delitos que engloban a un impulso común, o simplemente se trata de consultas hechas al azar por quienes tienen acceso a las bases de Migraciones. El expediente empezó a estudiarse tras una nota publicada por Carlos Pagni, en La Nación, titulada “El pestilente círculo negro del espionaje”, donde se nombran a distintos actores del mundo de la Inteligencia Nacional que habrían sido "objetivos" de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en acciones impulsadas sin orden judicial. Desde la AFI desmintieron en forma categórica que ese organismo estuviera involucrado en esta historia. Clarín pudo saber que funcionarios nacionales conocen que sus nombres fueron buscados en Migraciones, aunque minimizaron el impacto que esto pudiera tener desde un costado judicial. Lo mismo le dijo a este diario un juez federal de los nombrados: "Los viajes son datos públicos, no me parece que exista un delito si alguien los buscó en una base de datos con una enorme cantidad de usuarios", aseguró. La información sobre el caso fue difundida por el sitio web 16

identificado con el kirchnerismo "El Destape Web", con un título que aludía a un supuesto "megaespionaje" que tendría como principal afectado al Gobierno. En uno de los papeles de la causa se menciona como ejemplo de lo que podría descubrirse al falso espía y falso abogado Marcelo D'alessio. Resultado de imagen para diario popular + logo

Desde el Ministerio Público Fiscal se precisó la prudencia que debería

tener esta investigación: "Ante ese panorama cabe concluir que la acción penal ya cuenta con impulso fiscal, que existen distintas líneas de investigación entre las cuales aún no se conocen conexiones precisas, que se debe avanzar con cautela en consonancia con el horizonte plasmado desde un inicio y que, en tal sentido, las medidas de investigación son las adecuadas para reducir el grado de abstracción y especulación con el objetivo de descubrir hechos claros y distintos. Debemos volver sobre el horizonte trazado y extremar los recaudos para que la investigación no se transforme en un teatro de operaciones, y ser cautos para que el legajo no sea permeable a la imposición de narrativas sin anclaje cierto en hechos".

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Seis detenidos por desalojo de familias en Constitución Seis personas fueron detenidas, tres argentinos, dos peruanos y un brasileño, en un desalojo de 30 familias que ocupaban desde hace meses un edificio en el barrio porteño de Constitución, quienes opusieron resistencia a la medida judicial con piedras, palos y botellas, informaron fuentes policiales. El procedimiento se realizó en el edificio de la calle Solís 2152 por orden del juez Juan Perozzielo Vizie, pese a que la Defensoría del Pueblo Adjunta había solicitado ser mediadora y conformar una mesa de trabajo para evitar que las personas queden en la calle.

EI inmueble ya está deshabitado y las familias están pasando a retirar sus pertenencias? destacó un comunicado de la Policía de la Ciudad y agrega que “hay seis detenidos (tres argentinos, dos peruanos y un brasileño) por agredir al personal policial, al arrojar elementos contundentes (botellas, garrafas, piedras y palos)”. “A raíz de ello una de esas botellas dio sobre el casco de un oficial provocando una herida cortante en el cuello, por lo que intervino la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 11”, destacó el parte Indicó además que las primeras tres detenciones “ se realizaron cuando intentaron cortar el tránsito en Caseros y Solis” y que uno de ellos “mordió a un policía”, mientras que se los acusa de “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”. Bárbara Bonelli, Defensora del Pueblo Adjunta, dijo que el día anterior “efectivamente habíamos hecho una propuesta al juez, para concretar una mesa de trabajo para discutir las soluciones habitacionales de los vecinos y posponer el desalojo por un mes. Posibilidad que se dijo verbalmente pero no había nada formalizado”.

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Apelan la prohibición de incinerar El gobierno porteño apeló el fallo dictado la semana pasada por la jueza Elena Liberatori, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N- 4, que declaró nula e inconstitucional la ley que autorizaba la instalación de plantas para incinerar basura. La decisión judicial fue en respuesta a un recurso de amparo presentado por cooperativas de recicladores y ambientalistas

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Excarcelaron al primo de Néstor Kirchner

Carlos Santiago Kirchner estaba detenido desde 2017 Fuente: Archivo Iván Ruiz

Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, la Justicia activó una catarata de prisiones preventivas (que incluyó a varios arrepentidos) por hechos de corrupción. Casi cuatro años después, tras la victoria del kirchnerismo en las PASO, se encendió la tendencia inversa. Fernando Esteche, Gerardo Ferreyra, Carlos Cortez, Oscar Thomas, Cristóbal López y Fabián De Sousa había sido liberados desde agosto. A esa lista podría sumarse en las próximas horas Carlos Kirchner, exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido. La decisión fue tomada hoy por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, que lleva adelante el juicio oral por el caso que investiga el desvío de fondos en Vialidad Nacional en favor de empresas de Lázaro Báez. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu votaron a favor de la excarcelación, con la disidencia de Andrés Basso. Su libertad había quedado pendiente al cierre de esta edición porque los jueces le impusieron al primo del expresidente Néstor Kirchner una caución de $12 21

millones. También le prohibieron salir del país hasta conocer la sentencia del juicio oral en curso. Los jueces entendieron que la investigación ya no corre riesgo de ser entorpecida por Carlos Kirchner. El exfuncionario era hasta hoy el único preso del caso. La Justicia había ordenado su detención porque entendió que había intentado eludir su accionar mientras la investigación estaba en curso. La Justicia lo acusó de haber extraído dinero de cajas de seguridad y de cuentas bancarias cuando se había restringido su acceso a esos fondos. También fue acusado de entregar dos domicilios que eran inexistentes (una pinturería y un terreno valdío) en los tribunales. Los jueces Gorini y Giménez Uriburu entendieron hoy que sus bienes ya fueron embargados, lo que "neutraliza" uno de los motivos de su detención porque en el caso de una condena, dichos activos ya están identificados para un posible decomiso. El otro elemento que justificó la decisión de los magistrados es que el imputado está próximo a cumplir dos años de prisión preventiva (fue detenido en diciembre de 2017), el tiempo máximo establecido. Y sostuvieron que la situación no justifica "dilatar irresponsablemente" el encierro de Carlos Kirchner. En cambio, el juez Basso se mantuvo en su postura crítica con la actitud del imputado, que consideró "hostil y desleal" para con el accionar de la Justicia en la investigación por las irregularidades en Vialidad Nacional.

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El caso de Vialidad Nacional es uno de los más avanzados entre los expedientes por corrupción kirchnerista. Carlos Kirchner está procesado como supuesto miembro de la asociación ilícita y por el delito de administración fraudulenta. Por eso comparte el juicio oral con la expresidenta Cristina Kirchner. "Estoy injustamente detenido" dijo el exfuncionario cuando le tocó declarar en indagatoria por el juicio oral. "Atravieso dificultades económicas por mi detención y el embargo de mis bienes. Siempre trabajé y heredé con lo que adquirí ciertas propiedades. Cuando asumí en el estado ya tenía el 85 por ciento de mi patrimonio", afirmó Carlos Kirchner. La Justicia investiga la entrega de 52 obras públicas desde Vialidad Nacional en favor del Grupo Austral, que comandaba el empresario -también detenidoLázaro Báez. La última documentación que ingresó en el expediente es un peritaje contable realizado sobre cinco de esas obras públicas que da cuenta de sobreprecios por 190 millones de dólares. A esa prueba, que ya está en manos del TOF N°2, también se suman otras evidencias sobre falta de cumplimiento en distintas obras, como rutas en la provincia de Santa Cruz. El juicio tendrá uno de los momentos más emotivos cuando declare Cristina Kirchner en indagatoria. Aunque no hay una fecha prevista para la expresidenta, el tribunal dispuso que sea la última de los imputados que se defienda, lo que postergaría su intervención hasta después de las elecciones presidenciales.

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Un informe pedido por Ramos Padilla apunta a periodistas La Comisión Provincial por la Memoria vincula también a la AFI en un "esquema delictual" de espionaje y extorsión

Marcelo Veneranda

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregó un segundo informe al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre el caso D'Alessio. Como lo hizo en marzo, el organismo bonaerense ratificó la existencia de "una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos", pero fue más allá: un comunicado de la CPM señaló "posibles vínculos" del falso abogado Marcelo D'Alessio con la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) y advirtió que "en el esquema operativo delictual se involucraban actores de la Justicia provincial y federal e, incluso, periodistas". El informe, señalaron en la CPM a LA NACION, es confidencial y destinado solo al juez, que en agosto procesó al periodista Daniel Santoro, de Clarín, como "partícipe necesario en orden a los delitos de coacción y extorsión en grado de tentativa" contra los empresarios Mario Cifuentes y Gonzalo Bruza Dovat, y le 24

pidió a la CPM que evalúe si las notas de Santoro constituyeron "operaciones de acción psicológica" contra los empresarios. Al afirmar que en el "esquema operativo delictual" participaron "incluso periodistas", que la banda "procesaba" información para "hacerla pública", para "condicionar testigos" e "influir en la opinión pública a través de los medios", la CPM avanzaría en la senda planteada por el juez, que mereció fuertes críticas de organismos de prensa nacionales e internacionales. Esta misma semana, de hecho, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó su informe anual sobre libertad de expresión, en el que ubica la situación de Santoro como "el caso más alarmante del período". La organización periodística continental consideró "peligrosa" la orden del juez a la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel. "La resolución en general se convierte, de este modo, en un peligroso antecedente para la libertad de prensa, que puede generar la expansión de la autocensura entre los periodistas", dijo la SIP. El informe de la CPM fue entregado a Ramos Padilla por Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso y Roberto Cipriano García, integrantes del organismo, además de Sandra Raggio, directora general, y los directores Rodrigo Pomares y Federico Schmeigel. "Los documentos permiten observar con claridad cómo funcionaba lo que se denomina 'el ciclo de inteligencia', un complejo proceso mediante el cual se recolectaba información, se la procesaba y analizaba para finalmente ponerla en circulación y hacerla pública. Todo esto sucedía bajo una planificación estratégica y un patrón de comportamiento común que tenía varios objetivos", indicó la comisión.

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"Mediante la utilización de la información obtenida del espionaje ilegal, esta red desplegaba una serie de acciones que iban de la extorsión directa, mediante el pedido de coimas o sobornos, hasta el condicionamiento de testigos para sumar, a través de testimonios bajo la figura del imputado colaborador o arrepentido, información falsa en determinadas causas judiciales", agrega. "Uno de los puntos novedosos de este informe constata que las actividades ilegales de inteligencia desplegadas por D'Alessio, junto a otros exagentes, tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación. A esto agrega, además, la existencia de un dispositivo recurrente de publicación de la información que se obtenía de acciones ilícitas de vigilancia y espionaje", completa. La causa en manos del juez federal de Dolores se inició a raíz de la denuncia del empresario Pedro Etchebest, a quien le exigieron dinero en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli, supuestamente para no involucrarlo en la causa conocida como los cuadernos de las coimas. En agosto, Ramos Padilla procesó a Santoro como partícipe en la presunta extorsión (en grado de tentativa) al empresario Mario Cifuentes y de coacción contra el exdirectivo de la petrolera Pdvsa Gonzalo Bruza Dovat. Santoro declaró que con D'Alessio tenía una relación estrictamente periodística y que había sido su fuente en contadas ocasiones. La SIP, por su parte, señaló que no surgen del fallo de Ramos Padilla elementos que vinculen a Santoro con esos delitos y que la causa de Dolores "criminaliza el oficio periodístico".

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Denuncian falta de vacantes y que no se habilitó totalmente el edificio

La comunidad de la escuela artística Rogelio Yrurtia se movilizará el próximo 17 de octubre al Ministerio de Educación porteño para denunciar la falta de vacantes y para exigir la habilitación total del nuevo edificio que, pese a que fue inaugurado este año, aún continúa sin los servicios básicos y con 20 aulas cerradas. El Ministerio de Educación porteño, por su parte, insistió con que "las aulas cerradas son para otra escuela" –en referencia a la Escuela de Cerámica Nº1 de Almagro, a la que pretende mudar pese a que el traslado que fue frenado por la justicia–, al tiempo que aseguró que ningún alumno de artística "se quedará sin vacantes". “Es una injusticia absoluta que teniendo la posibilidad y el espacio para abrir nuevos cursos haya estudiantes que pierdan la posibilidad de acceder a la educación artística, de por sí escasa en la oferta de la CABA”, expresaron los docentes y familias del Yrurtia, a través de un comunicado en el que consideraron que la decisión del Ministerio de mantener 20 aulas cerradas “incumple con el acceso al derecho a la educación consagrado en la Constitución de nuestra ciudad en su Art. 24”. 28

Para poder ingresar al Yrurtia, tanto al primer año como al ciclo de iniciación –curso de nivelación que se hace durante sexto y séptimo grado– los aspirantes deben hacer una prueba de aptitud. Luego de completar la prueba, tienen hasta el 20 de octubre para realizar la inscripción online. “Al momento de inscribirse, hay muchísimos chicos a los cuales no les aparece la opción para contestar si realizaron o no el examen de aptitud, que es lo que te habilita a continuar con la inscripción online”, explicó a este diario Mariana Fernández Bonet, docente de pintura y delegada de UTE. Según informó, de los 200 aspirantes a primer año solo pudieron inscribirse 100 y de los 117 que pretenden ingresar al curso de nivelación solo pudieron hacerlo 60. “Para satisfacer la demanda que tenemos, tendrían que abrirse al menos 9 cursos nuevos: 2 de bachillerato y 4 de arte para primer año (ya que actualmente los primeros años están muy colmados), 1 de bachillerato y 1 de arte para segundo año y 1 nuevo curso para el ciclo de iniciación", indicó la docente. "El problema es que el Ministerio de Educación no quiere crear cursos nuevos, no quiere contratar nuevos docentes. Obviamente, esto tiene que ver con el bajísimo presupuesto en educación”, aseguró. "Existen cinco escuelas con orientación artística, por lo que es muy difícil que quienes hagan esta opción queden sin vacantes. De hecho, nunca sucedió", aseguraron en la cartera que conduce Soledad Acuña. Sin explicar qué sucederá con los cientos de alumnos que hasta el momento no han podido inscribirse al Yrurtia, agregaron: "no se puede decir que quedaron personas afuera cuando todavía no se cerró la inscripción on line". La decisión para mantener 20 aulas cerradas, consideró Fernández Bonet, también está motivada por la "intención del Gobierno de mudar al edificio del Yrurtia a la Escuela de Cerámica Nº1 (CERA), pese a que existen fallos que lo prohiben". Según recordó la docente, en noviembre del año pasado, mediante un decreto del Ministerio de Educación, el Gobierno de la Ciudad dispuso que el nuevo edificio, sobre 29

Alberdi 4139, pase a llamarse "Polo de las Artes" y albergue, además del Yrurtia, a la Escuela de Cerámica Nº1, ubicada actualmente en Almagro. La mudanza del CERA, que generó una amplia resistencia en la comunidad educativa , logró pausarse en marzo de este año, luego de varias idas y vueltas judiciales, cuando la Cámara de Apelaciones decidió mantener la cautelar que suspendía el traslado de la institución. En julio, luego del fallo de la Cámara de Apelaciones, la jueza Elena Liberatori ordenó al Ministerio que "proceda en forma inmediata a habilitar de manera integral”, para el Yrurtia, “la utilización del edificio de Avenida Juan Bautista Alberdi 4139". Liberatori también intimó a la "ministra Soledad Acuña, bajo apercibimiento de imponerle una multa de hasta el 50% de su sueldo de funcionaria, a realizar las acciones necesarias tendientes a que en el plazo más breve posible se normalice la provisión de los servicios públicos esenciales de electricidad y gas ". "Estuvimos todo el año con luz de obra, lo que implicó un grave problema durante el invierno porque no se podían enchufar las estufas. Tampoco tenemos gas”, denunció a este medio Lorena Crespo, otra docente de la institución, sobre el estado de las obras que originaron el fallo de la jueza. El 21 de agosto, en respuesta a un amparo presentado por la comunidad del Yrurtia, también se pronunció sobre la situación de la escuela el juez Francisco Ferrer, quien intimó a Soledad Acuña a que informe cuál será el destino de las aulas cerradas en el marco del expediente 77821/2018-0. La próxima semana, según informó Adrián Albor, abogado del Grupo de Litigio Estratégico que acompaña las causas judiciales, las familias de los alumnos que no consiguieron vacantes para ingresar al Yrurtia presentarán una medida cautelar para que se revea la situación.

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"No me voy a callar"

Luego de haber sido detenido durante cinco horas, despojado de sus celulares y computadoras, y liberado sin llegar nunca a saber por qué motivo lo habían imputado, el experto en seguridad informática, Javier Smaldone, recuperó su cuenta de Twitter y denunció una persecución en su contra. "No me van a amedrentar. No me voy a callar", tuiteó Smaldone a la tarde desde su cuenta @mis2centavos. Conocido en la red social por haber advertido sobre los peligros del voto electrónico y por haber alertado sobre el escrutinio provisorio llevado adelante por la empresa Smartmatic, Smaldone fue detenido en el marco de la causa que investiga el hackeo informático de las fuerzas de seguridad. Si bien estuvo demorado durante horas en la División Delitos Informáticos de la Policía Federal, tiempo durante el cual le allanaron la casa, aún se desconoce qué delito le imputan. Fuentes judiciales señalaron que Smaldone está siendo investigado por la filtración de los archivos secretos de la policía durante la semana de las PASO, conocida como el caso de “La Gorra Leaks” (nombre de la cuenta que difundió la información). La investigación, llevada a cabo por el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello, maneja la hipótesis de que el hackeo a los archivos policiales se hizo a través de servidores que están en el exterior y que fueron alquilados a través de un usuario en 31

Mercado Pago. La fiscalía argumenta que Smaldone era la persona que había alquilado esos servidores. El 12 de agosto, La Gorra Leaks se adjudicó la responsabilidad por el robo de 700 gigabytes de información confidencial de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, que incluyó escuchas telefónicas y fichas personales de supuestos agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, entre ellas la del propio jefe, Néstor Roncaglia. Smaldone retuiteó, como muchos otros usuarios, los contenidos que fueron publicados por La Gorra Leaks y quedó en el centro de la investigación. Sin embargo, al contrario de lo que rumoreaba ayer, el experto informático no fue demorado por difundir el material, sino por haber participado del hackeo. Curiosamente, la detención de Smaldone se dio en paralelo a la decisión de la jueza María Romilda Servini de investigar penalmente a la empresa Smartmatic. Smaldone se hizo conocido, precisamente, por sus críticas al voto electrónico, habiendo llegado a mostrar, en el plenario de comisiones de la reforma electoral del 2016, cómo se podía violar el secreto del voto con una aplicación de celular. Asimismo, también había mostrado sus dudas sobre Smartmatic, la empresa que el gobierno de Mauricio Macri contrató para el escrutinio provisorio. Beatriz Busaniche, presidenta de la fundación Vía Libre (en la que participa el informático), llegó a decir que Javier era "una piedra en el zapato del gobierno" por sus críticas al sistema de voto electrónico.

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Macri fue denunciado por demorar las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura Los organismos de derechos humanos recurrieron a la Justicia por la “dilación, paralización y ausencia intencional” en la aplicación de los beneficios de las leyes reparatorias. La denuncia involucra al Presidente y varios de sus funcionarios.

Por Sofía Caram

Imagen: Leandro Teysseire

Organismos de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por la demora en la aprobación de las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Con el patrocinio del abogado Pablo Gastón Paolini, presentaron este miércoles una demanda por violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y discriminación ideológica. La demanda es contra el presidente Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia Germán Garavano; el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; el Procurador del Tesoro y ex abogado de la familia Macri Bernardo Saravia Frías y otros ocho integrantes de la gestión de Cambiemos. 33

Ex presos y presas por razones políticas, HIJOS, Exiliados-Familiares de Detenidos Desaparecidos y Sobrevivientes del terrorismo de Estado Autoconvocados, entre otros, basan la presentación en la “dilación, paralización y ausencia intencional” en la aplicación de los beneficios de las leyes reparatorias. El texto que ingresó por mesa de entradas de Comodoro Py resalta que los numerosos expedientes con pedidos de familiares y víctimas para obtener la indemnización que les corresponde fueron cajoneados durante los últimos tres años y medio, hasta que luego del resultado de las PASO comenzaron a acelerarse los trámites. Según consignan los denunciantes, el proceso de aprobación de cada legajo lleva entre cuatro y cinco meses, por lo que, de ser aprobados, deberán ser pagados por el próximo Gobierno. En la denuncia detallan que “la paralización de los expedientes es más que elocuente, sobre un universo de 18.357 de beneficios a resolver, desde el inicio de la gestión, entre diciembre de 2015 y último día hábil anterior a las elecciones primarias, se han dictado 1.655 resoluciones, lo que equivale al 9% de las solicitudes de beneficio. Pero luego del magro resultado obtenido y a sabiendas que dejarán sus cargos desde el día posterior a las elecciones de agosto del año en curso, 53 días a esta parte, se han resuelto 349 expedientes, es decir 6.58 diarios, se incrementó la velocidad en un 535%”. Mientras que durante toda la gestión macrista se evitó afrontar los pagos, por los tiempos que requiere cada trámite, “todo lo que se ha firmado con posterioridad a las P.A.S.O. lo pagará el gobierno siguiente”. Los organismos destacan que una indemnización, más allá del objetivo reparatorio desde los monetario, “equivale a reconocer (por parte del Estado) los testimonios y denuncias como valor de prueba, es decir como valedero”. Las leyes reparatorias no sólo reconocen el derecho a una indemnización para las víctimas de la última dictadura cívico militar, sino también a aquellas de los anteriores gobiernos de facto.

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Un trámite que se volvió engorroso El circuito administrativo comienza en la Secretaría de Derechos Humanos para luego pasar por un recorrido en el que el Estado acredita que efectivamente el o la solicitante sea efectivamente víctima de terrorismo de Estado. En la gestión anterior el trámite era más sencillo. Pero el Gobierno de Macri no sólo prácticamente dejó de pagar indemnizaciones, sino que además puso trabas para las nuevas solicitudes con el aumento de los requisitos y complejizó aún más el proceso. La integrante de HIJOS de la provincia de Jujuy, Eva Arroyo explicó a Página/12 que “es un beneficio otorgado por ley. Pero en muchos de los casos, por ejemplo en los exiliados y exiliadas, el Estado sólo ha pagado las reparaciones obtenidas después de un juicio y de que la Justicia haya ordenado el pago al Poder ejecutivo. Hay gente que está muy enferma y no accede a la pensión. Es un trámite que debería durar solo unos meses y es un derecho reconocido internacionalmente, pero con este Gobierno algunos tuvieron que esperar hasta cinco años. Muchos están enfermos o son de avanzada edad. No les importa nada”, sentenció. La denuncia fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos y del fiscal Juan Pedro Zoni.

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Ramos Padilla le pidió a Ercolini que se inhiba en la causa por espionaje Fue una maniobra del fiscal Stornelli para tratar que la causa que lo involucra tramite con un juez amigo en Comodoro Py.

Por Raúl Kollmann y Irina Hauser

El juez Ramos Padilla detalló las irregularidades de la maniobra.

El juez Alejo Ramos Padilla puso en marcha este miércoles un reclamo para terminar con un bochorno procesal: la existencia en Comodoro Py de una causa iniciada por el rebelde fiscal Carlos Stornelli con la que se pretendió absorber toda la investigación que se viene haciendo desde enero en Dolores. La secuencia fue la siguiente: el falso abogado Marcelo D'Alessio fue denunciado en Dolores y una vez que trascendió el escándalo y el vínculo D'Alessio--Stornelli, el fiscal corrió a presentar él mismo una denuncia que es la que hoy tramita Julián Ercolini, uno de los jueces más cercanos a la Casa Rosada. El objetivo de Stornelli fue llevar la causa a su propio territorio del edificio de Retiro. En su escrito de ayer, Ramos Padilla exhibe las irregularidades de la maniobra y le pide a Ercolini que no intervenga más, que se inhiba, y le remita el expediente. En caso de que Ercolini rechace el planteo de Ramos Padilla, resolverá la Cámara Federal de Mar del Plata, que ya tiene dicho que el juez competente es el de Dolores. 36

Ramos Padilla detalló las fechas del caso de la asociación ilícita que se dedicaba al espionaje ilegal, las extorsiones y el armado de causas contra empresarios y ex funcionarios: * El 28 de enero de 2019 se presentó en Dolores el empresario Pedro Etchebest quien denunció que D'Alessió lo extorsionaba y le pidió 300.000 pesos después de una larga reunión con Stornelli. * El caso se hizo público el 9 de febrero a través de dos medios, uno de ellos Página/12. * El 12 de febrero, con el escándalo en marcha, Stornelli se presentó en Comodoro Py y formuló una denuncia contra D'Alessio, exactamente con el mismo objeto procesal que ya se investigaba en Dolores: la extorsión a Etchebest. * El 18 de febrero, Ercolini trató de quitarle la causa a Ramos Padilla, sin siquiera saber qué es lo que se investigaba en Dolores. El magistrado jugó el papel que quería Stornelli: intentar llevar el expediente a Comodoro Py. Ramos Padilla le pidió finalmente a Ercolini que se aparte y deje de actuar porque está clara la maniobra intentada por Stornelli. El magistrado de Dolores fundamenta su pedido en que su expediente es anterior, en el de Ercolini no hay prácticamente nada y porque en la causa de Dolores ya no se trata sólo de la extorsión a Etchebest. Ramos Padilla tiene hoy un mapa de la relación entre D'Alessio y Stornelli que incluye la larga reunión en Pinamar; el pedido de hacerle cámaras ocultas a abogados que le molestaban; las maniobras para que declare Gonzalo Brusa Dovat como una especie de arrepentido, con D'Alessio sentado dentro de la fiscalía de Stornelli; la intervención del falso abogado en la causa por la compra de GNL e incluso un pedido para que D'Alessio espíe al ex marido de la actual pareja de Stornelli. Para colmo, certifica Ramos Padilla, el fiscal está rebelde desde marzo, esquivando la citación a declaración indagatoria del magistrado. 37

"Estas circunstancias no sólo perjudican el trámite del proceso que se lleva aquí adelante --señala el juez de Dolores-- sino que afecta el principio de igualdad , ya que uno de los aquí imputados se sustrae del juez natural y cuenta para ello con una investigación judicial paralela de la que no participan los otros actores que se han presentado en esta causa, tanto imputados como querellantes. En definitiva, el Dr. Stornelli no sólo ha logrado, con sustento en sus fueros funcionales, paralizar la pesquisa que aquí tramita a su respecto, sino que, lo que es más grave, las autoridades judiciales le han autorizado a duplicar las investigaciones sobre un mismo hecho, cuando la Cámara Federal de Mar del Plata y la Cámara Federal de Casación Penal señalaron que debía ser este Juzgado Federal de Dolores el encargado intervenir en el caso. No puede obviarse que Stornelli y D´Alessio son parte y sujetos procesales en este expediente y es en ese marco y ante estos estrados, que tienen el derecho de presentar sus defensas y planteos –a todos los cuales se les ha dado tratamiento y resolución- y exponer cuanto crean conveniente y necesario para su descargo en relación a todos y cada uno de los hechos que se les imputan". La guerra desatada entre los magistrados derivará seguramente en que Ercolini -uno de los jueces más alineados con el macrismo-- rechace el planteo y la cuestión tenga que ser dirimida en una instancia superior, la Cámara de Mar del Plata. La lógica indica que allí estará la decisión por cuanto la causa de Dolores es anterior, los detenidos están a disposición de esa jurisdicción y porque el planteo lo hace el juez de Dolores. La realidad es que Stornelli lleva siete meses esquivando la justicia y la causa paralela cumple ocho meses. Para eso contó con el visto bueno de Ercolini, del procurador Eduardo Casal y, por supuesto, desde la Casa Rosada nadie pronunció palabra porque ya se sabe que Stornelli siempre fue un aliado y un amigo de Mauricio Macri.

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Mentiras verdaderas (Diario Judicial) El Gobierno nacional presentó el anteproyecto de Ley de Perjurio. La iniciativa prevé multas y penas de prisión para las personas que falseen información durante el proceso judicial. Nota Completa: https://www.diariojudicial.com/nota/84658/noticias/mentiras-verdaderas.html

Un recorte inconstitucional (Diario Judicial) En un fallo escrito con lenguaje inclusivo, la justicia del Trabajo declaró inconstitucional el DNU que recortaba las indemnizaciones por accidentes laborales. Para el juez, se trata de una medida “impropia del Estado de Derecho”. Nota Completa: https://www.diariojudicial.com/nota/84659/laboral/un-recorte-inconstitucional.html

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Molina viaja a Córdoba para exponer en un encuentro iberoamericano de salud La magistrada participará en el panel que analizará la violencia de género y su relación con la salud

La titular del Juzgado n.° 8 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Natalia Molina, será oradora el viernes 11 desde las 17:30 en el séptimo panel: “Violencia de género y salud”; allí hablará sobre la «Sensibilización en género en el ámbito de la salud». Compartirá su mesa con María Cafure de Batistelli (AMJA, Argentina), y Silvia López Safi (Paraguay). Las jornadas se desarrollarán en el Campus de la Universidad Blas Pascal, de la ciudad de Córdoba, entre los días 10 y 12 de octubre, en el marco del IX Congreso 40

Iberoamericano de Derecho Sanitario «Los escenarios de vulnerabilidad y su incidencia en el Derecho a la Salud», II Seminario Internacional «Nuevos impactos y desafíos en materia de salud» y III Congreso Argentino de Derecho Sanitario. En el octavo panel, convocado para el mismo viernes partir de las 19, bajo el título: «Dilemas bioéticos, terapias avanzadas y medicamentos de altos costos»; expondrá el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Maques, quien hablará acerca de «Dilemas y desafíos del trasplante de órganos». La organización corre por cuenta de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, la Red Argentina de Derecho Sanitario, la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas (Idi-Cj), la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales y la Cátedra Unesco en Seguridad Humana y Desarrollo Regional de la Universidad Blas Pascal, y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. En diálogo con iJudicial, Molina señaló que «es fundamental contar con un protocolo dinámico de ablación y trasplante para coordinar acciones entre todos los operadores y arribar a resoluciones rápidas». Y destacó que «es una forma de trabajar asertiva, que revela un compromiso hacia la ciudadanía en un tema tan delicado como éste». «Ojalá pueda inspirar esta idea a otras provincias», concluyó minutos antes de partir a Córdoba.-

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El ensayo de Juicio por Jurados pasó por el barrio 1-11-14 Con la participación de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n.° 31, Susana Parada, se realizó un nuevo simulacro de juicio por jurados

El ensayo se llevó a cabo en el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (Villa 1-11-14), acompañando a la jueza, se encontraban la Fiscal del Fuero Penal Contravencional y de Faltas, Genoveva Cardinali; y el Defensor del mismo fuero, Matías Becerra. Los integrantes del jurado fueron vecinos del propio barrio, quienes se inscribieron previamente y debieron resolver en una causa por femicidio. La magistrada marcó las pautas del proceso y luego de tomarles el juramento de ley al jurado, dirigiéndose a ellos les dijo: «el veredicto debe basarse únicamente en la existencia o inexistencia de pruebas y en la ley. En todo juicio criminal, hay dos jueces: yo soy la jueza del Derecho, y ustedes son el otro juez, los jueces de los hechos«. La titular del Juzgado n.° 31 explicó que su responsabilidad era decidir que leyes se aplican en este caso, y nuevamente, dirigiéndose a los y las integrantes del jurado señaló que «la responsabilidad de ustedes es decidir cuáles podrían ser los hechos de este caso y aplicar la ley a esos hechos. Como ustedes son jueces de los hechos, son los únicos que deben determinar si el acusado es culpable o no culpable del delito de femicidio». «Este es uno de los principios fundamentales de nuestro sistema de justicia«, agregó. Bajo sus instrucciones, el juicio se extendió por más de dos horas. Así fue que las partes interrogaron a varios testigos, presentaron pruebas y previo a los alegatos de clausura, escucharon la declaración del imputado. Tras la deliberación del jurado conformado por los 12 vecinos, ellos consideraron que el imputado era culpable.

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Estuvieron presentes también la consejera y titular de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica de la Ciudad, Vanesa Ferrazzuolo; la Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, Gisela Candarle, y la titular de la Unidad de Implementación de Juicio por Jurados, Luciana Piñeyro.-

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Autoridades Alberto Maques Presidente Alejandro Fernández Vicepresidente Lidia Lago Secretaria Vanesa Ferrazzuolo Consejera Raúl Alfonsín Consejero Silvia Lorelay Bianco Consejera Darío Reynoso Consejero Anabella Hers Cabral Consejera Marcelo Vázquez Consejero ► Departamento de Prensa [email protected] www.jusbaires.gov.ar

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